O galego, idioma "totalizador"

Los denunciantes son sindicalistas liberados del trabajo, es decir, mantenidos por el resto de los españoles para la promoción de los derechos de los trabajadores, no para enredar, y, en este caso, perseguir a dos funcionarios por razón del idioma, y con ello amenazar a los demás que no se sometan al capricho nacionalista.

Tales denuncias se producen en un momento de recrudecimiento de la ofensiva desatada con el pretexto de la llamada normalización lingüística, (recientemente la Junta 'pidió' sancionar a los funcionarios de Justicia que no utilicen el gallego, y el Secretario General de Relaciones Institucionales pidió al Gobierno central intervenir "para evitar que persista el incumplimiento de la ley", o sea, para coaccionar a los funcionarios) y coinciden con los ataques provenientes de diversas instancias contra la unidad e independencia del Poder Judicial y contra otras instituciones clave del funcionamiento democrático:

• acoso callejero al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco por no reconocer un estatuto privilegiado ante la ley a un destacado nacionalista;
• presiones intolerables al Tribunal Constitucional para que no ejerza con independencia su función respecto de determinada norma de promoción nacionalista;
• insultos en el Congreso al Defensor del Pueblo por haberse atrevido a impugnar dicha norma;
• chantaje al Tribunal Supremo por el ayuno voluntario de otro nacionalista, secundado, entre otros muchos, por el presidente del Senado;
• deslegitimación expresa del Consejo General del Poder Judicial el día de la toma de posesión del ministro de Justicia.

No es raro que con estos ejemplos hasta los más obscuros adeptos del nacionalismo se sientan alentados a conductas semejantes.

Es necesario reflexionar sobre las causas y los antecedentes que explican la escandalosa audacia de los promotores de estos hechos. Ciñéndonos ahora a la construcción normativa en la que los denunciantes pretenden legitimar su acoso a estos dos jueces, negamos que la Constitución o el Estatuto de Autonomía consientan desatar un proceso de "normalización lingüística" como el actual.

El Tribunal Constitucional declaró que "no se impone un deber individualizado de conocimiento del euskera, ya que el deber correspondiente se predica de las Administraciones públicas, que son las que deberán proveer los medios necesarios para la efectividad de tal derecho, ... que a cada poder público corresponde concretar gradualmente, de acuerdo con sus posibilidades y criterios organizativos" [STC 82/1986 (Pleno), de 26 junio] Esta sentencia sirvió de precedente y fundamento para la que luego se dictaría en el recurso interpuesto por el gobierno español contra la Ley gallega, llamada de normalización lingüística.

En consecuencia, estas ‘denuncias' contra dos funcionarios, articuladas por sendos ‘sindicalistas' no son más que otro episodio de la creciente chulería nacionalista; no tienen por objeto la salvaguarda de derecho alguno, sino la propaganda a costa del crédito y de la tranquilidad de dos profesionales, ante la inobjetabilidad de su trabajo por razones substantivas. Los ‘incidentes' han sido provocados de propósito por provocadores profesionales con fines puramente propagandísticos. El ‘agravio' de la ‘l' del artículo que suele anteponerse al nombre de la plaza -La Coruña- cuando se habla o escribe en correcto español, revela estupidez o sectarismo. No dudamos que se trata de lo segundo.

Debemos reflexionar sobre los riesgos de ensuciar el diario oficial con conceptos totalitarios como normalización, ‘lengua propia' y sus secuelas con la vana esperanza de satisfacer aspiraciones simbólicas: los fanáticos van a utilizarlos en contra de honrados y pacíficos ciudadanos. Lo estamos viendo con los profesores de los centros de enseñanza del subsistema educativo regional, lo vemos ahora con estos dos magistrados, y nos negamos a verlo con decenas de miles de niños forzados a estudiar en un idioma que no es el de su preferencia o la de sus padres, con unos incalculables costes de todo tipo.

En este momento crucial en que el nacionalismo de todos los partidos, apenas con matices, está gestando un nuevo asalto a las libertades individuales, y, concretamente, a lo que queda de la libertad de idioma, es de la mayor importancia tomar conciencia de que el totalitarismo lingüístico constituye un tumor en nuestro sistema democrático, llamar la atención ciudadana sobre la necesidad de revertir este proceso y denunciar con la mayor energía la ceguera de los partidos supuestamente democráticos en su abducción por el nacionalismo".